No defenderé la posición de Sarkozy en la expulsión indiscriminada de gitanos rumanos y búlgaros en Francia, pero tampoco defenderé la posición de la comisaria Reding, y no sólo por comparar la situación con las expulsiones de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que tiene tela, sino porque se trata de un evidente caso de aplicación de principios NIMBY: "Not In My Back Yard", que en castellano viene a ser "Sí, pero no aquí".

En otras palabras, la comisaria es consciente de que en su posición económica y política, jamás tendrá que lidiar con las consecuencias personales de vivir junto a un asentamiento gitano, por lo que puede permitirse el lujo de criticar medidas destinadas a solucionar problemas de otros ciudadanos que ella jamás tendrá. Quizá me esté escorando a la derecha, pero estoy bastante seguro de que a ninguno de los pocos pero imprescindibles lectores de este blog le gustaría tener un asentamiento de gitanos rumanos/búgaros pegado a su casa. Ahora bien, no hay que olvidar que la posición de la comisaria Reding es imprescindible para alcanzar cierto distanciamiento de los problemas y poder analizarlos con cierta objetividad, alejado de los prejuicios personales o las consecuencias que éstos tienen hacia uno mismo; no hay que ser muy listo para adivinar la opinión que tienen de esta medida las personas deportadas, o aquellas que tienen un campamento gitano cerca. Nos encontramos pues en un dilema en el que hay que proteger a aquellos que carecen de los medios básicos de subsistencia o tienen una "filosofía de vida diferente", pero al mismo tiempo es necesario defender los derechos de aquellos que pueden verse afectados por esa forma de vida. La situación no es fácil, y teniendo en cuenta que Sarkozy se debe a sus ciudadanos (por interés personal y por obligación política), y que los asentamientos son de inmigrantes, no es difícil ver la lógica en su medida.

Por otro lado, también habría que considerar la razón por la que los búlgaros y rumanos están emigrando hacia otros países de la Unión Europea más prósperos (aquí ya no viene ni cristo), y poner medidas para solventar dichos problemas. No obstante, para bien o para mal, la efectividad de dichas medidas se vería limitada por la soberanía nacional de ambos países, la escasa voluntad de Europa para ayudarse entre sí mientras no se trate de asuntos financieros de alto nivel, y la corrupción e incompetencia inherente a la mayor parte de la clase política, independientemente de su nacionalidad e ideología. En otro ámbito, cabría analizar si los asentamientos gitanos responden a necesidades de primer nivel, como puede ser la falta de vivienda, o como decía antes, se trata de estilos de vida tradicionales que tienen difícil cabida en las ciudades europeas contemporáneas. Por último, no hay que despreciar un cierto componente xenófobo fomentado por los partidos políticos de extrema derecha y bien aceptado y asimilado por la ciudadanía, que condiciona, permite y facilita la toma de decisiones de este calibre o incluso peores (aunque a Sarkozy no parece temblarle la mano a la hora de tomar decisiones, sean del calado que sean), por lo que no viene mal una voz discordante, en este caso la de la comisaria Reding, aunque sea para llamar la atención sobre el asunto; el resto de países europeos, bien por intereses de carácter político y/o económico, bien por mantener su libertad de acción en el futuro respecto de situaciones similares, prefieren mantenerse al margen o no participar de las críticas de la comisaria.

En definitiva, que nosotros nos quedamos como al principio, sin una solución clara, y los gitanos rumanos y búlgaros a merced de los gobiernos locales donde se encuentren asentados, ya que no sería de extrañar medidas similares en un futuro cercano por parte de otros países, ahora que Francia ha dado el primer paso.